En una apuesta por ganar, mediante el uso de la violencia, la guerra contra las pandillas iniciada por Nayib Bukele ya supera la cifra de 50 mil detenidos en menos de seis meses.

Mientras tanto el gobierno salvadoreño prepara leyes para encerrar a los presuntos delincuentes por largo tiempo, en medio de cuestionamientos por presuntas violaciones de los derechos humanos.

Bajo un régimen de excepción que se encamina a cumplir medio año, el gobierno informa diariamente sobre la disminución drástica de homicidios y extorsiones en el país tras las detenciones masivas de lo que el Gobierno asegura que son pandilleros.

La Asociación de Distribuidores de El Salvador (ADES) afirmó recientemente que las extorsiones en los comercios minoristas se han reducido un 80 por

La guerra contra las pandillas “tiene un efecto disuasivo”, afirma el investigador de la Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN), Carlos Carcach. “Saca de circulación a individuos que presumiblemente son criminalmente muy activos”.

Todo esto bajo un régimen de excepción, que permite detenciones sin orden judicial, declarado en respuesta a una escalada de violencia que se cobró la vida de 87 personas del 25 al 27 de marzo.

Este sistema ha sido prorrogado mes a mes por el Parlamento, controlado por los aliados de Bukele, y continuará al menos hasta fines de septiembre.

Una encuesta de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas en junio reveló que un 89.3 por ciento de la ciudadanía considera que el régimen de excepción promovido por Bukele ayudó “mucho o algo” a controlar la delincuencia en el país.

Pero organizaciones como Amnistía Internacional o Human Rights Watch e incluso la diplomacia estadounidense han llamado al gobierno salvadoreño a respetar los derechos humanos, ante denuncias de detenciones de inocentes.

Cárcel asegurada

De los detenidos, el 85 por ciento son hombres y 15 por ciento mujeres, según cifras oficiales. El 68.9 por ciento es acusado de pertenecer a la Mara Salvatrucha (MS-13), la de mayor presencia en el país, seguido por las facciones Sureños (17.7 por ciento) y Revolucionarios (12.7 por ciento) de la pandilla Barrio 18.

El restante lo concentran las pandillas Mao Mao, MS503, Máquina y Mirada Locos Sureños.

Con el régimen de excepción los presos acusados de pertenecer a pandillas han pasado de 16 mil a 66 mil.

Según la última estimación del Gobierno, esas bandas tienen 76 mil miembros, entre presos y libres.

En abril, a pedido de Bukele, el Congreso reformó el Código Penal para castigar hasta con 45 años de prisión a los pandilleros.